[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

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Ernesto
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[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

Beitrag von Ernesto »

Interessantes Video. Habe ich durch Zufall beim stöbern im Netz gefunden. Spielt sich alles in Medellín ab.

El robo de un botín cercano a los 20.000 millones de pesos habría provocado varios asesinatos en Medellín. Esta es la historia.

Vier Morde in den letzten Monaten stehen offenbar im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung in einem exclusiven, bewachten Wohnblock in Medellín, aus der Diebe Beute im Wert von 20 Milliarden Pesos erbeutet haben, die der kriminellen Organisation "Clan del Golfo" oder "los Urabeños" gehört.

Quelle Video: El Colombiano



Anmerkung der Moderation:

Leider ist das Video nicht mehr verfügbar. Der dazugehörenden Presseartikel steht noch im Netz. Bevor er auch gelöscht wird, kopiere ich ihn in einen Spoiler. Link: => elcolombiano.com/antioquia/seguridad/caleta-de-la-mafia-en-medellin-deja-rastro-de-victimas-FY8908986
Originaltext zum Video
Por nelson matta colorado | Publicado el 25 de junio de 2018

El vigilante hacía el aseo en la portería del edificio Trigales, en El Poblado, cuando con el rabillo del ojo captó algo extraño en el monitor de las cámaras de seguridad. Desconocidos salían del apartamento 610, cargando unas cajas de cartón. Eran las 00:44 del 15 de octubre de 2017, por lo que era improbable que se tratara de un trasteo. Por radio le ordenó al rondero que subiera a averiguar qué pasaba, y cuando pretendía informar a la empresa de vigilancia, un hombre irrumpió en el recinto, le apuntó con un revólver y le dijo que se encerrara en el baño.

Ajeno a la situación, el rondero caminaba hacia el ascensor. Le llamó la atención que en el parqueadero había una camioneta gris de vidrios polarizados, obstruyendo la salida. En ese instante se abrió la compuerta del elevador. “No se haga matar, que esto no es con usted”, le advirtió un delincuente, empuñando una pistola con silenciador. Pálido del susto, observó que cinco personas, incluida una mujer, abordaban la camioneta, llevando cajas repletas de dinero.

Después de cinco minutos interminables, el vigilante abrió la puerta del baño. Ya no estaba el hombre armado, pero se había llevado el radio portátil y el DVR con la grabación de las cámaras. Recordó que en el 610 vivía hacía dos meses el inquilino Jhon James Palacio Madrid, de 39 años, quien nunca salía del apartamento. Algo grave había pasado.

El reporte preliminar de las autoridades señaló que los patrulleros encontraron la puerta entreabierta, un equipo de sonido encendido y algunos billetes regados en el suelo. En el baño yacía el cadáver de Palacio, con cuatro heridas de puñal en la cabeza.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó en ese entonces que en el lugar había una importante suma de dinero, que fue robada, sin dar más detalles.

Fuentes judiciales, que solicitaron la reserva de la identidad por tratarse de una investigación en curso, explicaron a este diario que el apartamento escondía una caleta de la organización narcotraficante Clan del Golfo, con un botín estimado de 20.000 millones de pesos.

El paradero de la fortuna ilícita se desconoce, pero la codicia por ese tesoro de la mafia está dejando una estela de sangre en las calles de Medellín. EL COLOMBIANO conoció que las autoridades investigan cuatro asesinatos, entre ellos el de Jhon Palacio, que al parecer estarían relacionados con el incidente de la caleta.
Una cita fatal

El 6 de abril de 2018 el comerciante Carlos Andrés González Gómez, de 32 años y nacido en el municipio de Ciudad Bolívar, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Un tal Darío le dijo que tenía que rendir cuentas por un atentado ocurrido en Las Palmas y lo citó a una reunión en el edificio Moderatto, ubicado en el barrio Conquistadores de Medellín.

Según el informe oficial del caso, González llegó en automóvil a las 7:30 p.m. de ese día, portando un morral con 3’450.000 pesos en billetes de $50.000. Le pidió a su cuñado que lo esperara con el motor encendido, mientras entraba a la recepción a preguntar por Nando, al parecer la mano derecha de Darío. Ingresó a la edificación, anunció su llegada y a los pocos segundos arribaron dos hombres en una motocicleta Yamaha negra.

El parrillero, cubierto con el casco, se bajó con una pistola 9 milímetros y persiguió al comerciante hasta el parqueadero, donde le quitó la vida a balazos. Cuando quería huir, el cuñado de la víctima embistió la motocicleta con el carro, y no le dejó más opción que correr junto a su compinche.

La moto abandonada la incautó el CTI. Al verificar la placa en la base de datos judicial, los investigadores hallaron una coincidencia. El año pasado (09/9/17) la Policía había detenido a un presunto sicario con esa moto: Kevin Samir López Mejía, con antecedentes por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

El mismo muchacho, de 27 años, está implicado en otro homicidio ocurrido el pasado 18 de febrero en Barranquilla. El finado fue Juan de Dios Perdomo Bonilla, de 52 años, y quien posaba de agente deportivo; solía andar con carnés y tarjetas fraudulentas de la Federación Colombiana de Fútbol y el Consulado de la República de Malta.

Lo abalearon en plena vía pública y en la reacción policial fue capturado Kevin López, con dos pistolas, tres proveedores y un silenciador. El general Mariano Botero, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó a los medios locales que el detenido había sido enviado desde Medellín por una oficina de cobros sicariales, que ordenó la muerte de Perdomo por un negocio que salió mal en la capital antioqueña, aunque sin precisar de qué tipo.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el comerciante Carlos González hacía parte de una investigación preliminar por su supuesta participación en el hurto de la caleta de El Poblado, aunque a la fecha de su muerte no le habían expedido orden de captura. Lo que sucedió después de su partida al más allá, arrojó mayores intrigas a este expediente.
Cazadores del tesoro

Al mismo tiempo que los técnicos del CTI inspeccionaban la escena del crimen, en la que quedó el cuerpo de González, un hecho inusual se presentaba en su apartamento del edificio Azure, a seis cuadras de distancia, en el mismo barrio Conquistadores.

Testigos narraron a los agentes que un grupo de personas entró con llaves al apartamento 801 y extrajo varias cajas de cartón y bolsas negras de basura. Las guardaron en dos camionetas y se fueron. La hipótesis del caso apunta a que allí estaba guardado el tesoro del Clan del Golfo y que lo trasladaron a otro escondite.

A los seis días, a las 3:47 p.m. del 12 de abril de 2018, cinco hombres llegaron a la entrada de Azure. Tocaron el timbre del citófono, mas nadie les abrió. Tal cual consta en las grabaciones de las cámaras de seguridad, de sus mochilas sacaron chaquetas y gorras con los emblemas de la Policía, pero los tatuajes y corte de cabello de uno de los ellos, hacen dudar de que en verdad se tratara de servidores públicos.

Permanecieron 16 minutos ante la puerta de la edificación, con el aparente propósito de simular un allanamiento, y luego se fueron. Se presume que querían subir al apartamento de González y esa idea está respaldada por los hechos de la noche siguiente.

A las 10:33 p.m. del 13 de abril de 2018, las cámaras de Azure captaron a dos hombres que se aproximaron a la puerta levadiza del garaje. Intentaron levantarla a la fuerza, pero no pudieron. Cinco minutos más tarde regresaron con refuerzos, y entre seis personas la alzaron parcialmente, rompiendo el mecanismo de seguridad conectado al motor de la puerta.

Mientras unos cómplices vigilaban afuera, arrimaron en reversa un automóvil Nissan March gris a la rampa de acceso al garaje, para encubrir lo que hacían, y taparon la placa con una chaqueta. Una mujer que hablaba por celular les transmitía las órdenes a los demás, que se pusieron guantes de látex para no dejar huellas y abordaron el ascensor hacia el octavo piso.

Allí se toparon con una sorpresa: la puerta del apartamento 801 era blindada. Fracasaron forzando la chapa con una barra metálica y como último recurso le dispararon varias veces, sin lograr abrirla. La bulla alertó a los vecinos del 802, que se asomaron y fueron encañonados por los invasores.

El asalto estaba durando más de lo pensado y la banda al parecer se sintió expuesta cuando a la entrada del edificio llegó un domiciliario a las 10:53 p.m. El joven timbraba y nadie le respondía, así que decidió esperar.

Seis minutos más tarde apareció una patrulla motorizada de la Policía. Uno de los uniformados entabló conversación con el domiciliario, al tiempo que su compañero hacía algo que los detectives consideran sospechoso: encendió las luces de sirena de la moto por cinco segundos y luego las apagó. Se cree que era una señal en clave, porque en breve empezaron a salir los asaltantes por el estacionamiento.

Uno de los policías requisó a dos y el colega intentó perseguir a otro, pero todos se evadieron del lugar y se llevaron el carro sin mayor dificultad. Los patrulleros quedaron solos, y apenas en ese instante, a las 11:05 p.m., ingresaron al garaje y reportaron a la central que hubo un intento de robo.

A varias cuadras de distancia, otra patrulla arrestó a dos hombres que tenían una actitud misteriosa, pero tiempo después quedaron en libertad, pues no se corroboró que estuvieran ligados al incidente.

Los desconocidos fallaron de nuevo en la búsqueda del botín, aunque esta trama tendría reservado un episodio más de violencia.
Daños colaterales

En el apartamento 802 de Azure, al lado del comerciante González, vivía un ingeniero civil de 40 años, directivo de una firma constructora. El profesional se recuperaba de las heridas sufridas en un ataque a bala ocurrido el anterior 3 de abril en el barrio La Castellana, y aún estaba convaleciente en la noche del día 13, cuando fue encañonado junto a sus familiares por los invasores que trataron de burlar la puerta acorazada del 801.

Desde el atentado, su empresa enviaba con frecuencia al edificio al conductor Wilman Andrés García Correa, de 40 años, para que le entregara los medicamentos que recetó el doctor.

A las 6:30 p.m. del 18 de abril de 2018, cinco días después de la incursión de la banda a la edificación, el chofer llegó al lugar en una camioneta, llevando los remedios como de costumbre. Caminó hasta la entrada de Azure y justo allí fue asesinado a tiros por un joven que lo sorprendió por la espalda.

Para los investigadores, esta muerte podría relacionarse con la del comerciante y analizan si el atentado sufrido por el ingeniero es el mismo por el cual citaron a rendir cuentas a González, en la fecha de su ejecución. Tampoco se descarta que el homicidio de Barranquilla esté ligado con esta historia, por la conexión del supuesto sicario con la moto incautada en el barrio Conquistadores.

Por lo pronto, el caso está repartido en cuatro despachos de la Fiscalía. Lo grave es que el tesoro del Clan del Golfo sigue rodando por la ciudad. Su paradero es una incógnita para las autoridades, que lo persiguen atando los cabos de los muertos que deja a su paso.
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Alvarez
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[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

Beitrag von Alvarez »

Das ist doch nichts neues, dass die Polizei die Rechte Hand der Kriminellen ist!
El que vive confiado, muere traicionado
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Ernesto
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[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

Beitrag von Ernesto »

Da mir diese Dokumentation, welche die Verstrickung der Polizei in die kriminellen Machenschaften des Clan del Golfo aufzeigt, sehr gut gefallen hat, habe ich mich angestrengt und das Video neu besorgt ;-) Ab 1 Minute und 10 Sekunden beginnt der spannende Teil, aufgezeichnet durch die Überwachungskameras des Edificio Azure im Barrio Conquistadores.

Quelle Video: El Colombiano

Chriska
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[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

Beitrag von Chriska »

Danke Ernesto. Man weiß es, aber das Video zu sehen, sehr interessant. Weiß man wie es weiterging mit dem Tesoro?
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Ernesto
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[Video] Medellín: Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas

Beitrag von Ernesto »

@Chriska

Das wüsste ich auch sehr gerne.
Trotz intensiver Recherche im Netz habe ich keine neueren Beiträge als die aus den Jahren 2017 und 2018 gefunden.

Allerdings bin ich im Spiegel auf einen alten, aus dem Jahr 1992 stammenden Bericht mit dem Titel Dreckiges Geld, saubere Helfer gestossen. Lesenswert! Darin wird auch ein Rudolf (Rudolfo) Armbrecht, Sohn einer angesehenen deutsch-kolumbianischen Familie aus Medellín erwähnt.
Spoiler

Wenn sie miteinander telefonierten, nannten sie sich Gorby, Zorro und Howard the Duck, und sie verwendeten einen Code: Sie sagten 20 Karat und meinten Zwanziger-Scheine, sie sprachen von 200 Unzen, und die Rede war von 200 000 Dollar.

Gorby, Zorro und Howard the Duck hatten gute Gründe für ihr Versteckspiel: Sie arbeiteten für ein Verbrecherkartell. Für ihren Boß, den Edelmetallhändler Stephen Saccoccia, sammelten, bündelten und transportierten sie Dollarscheine, die aus Drogengeschäften stammten und gewaschen wurden - das heißt: Die Herkunft sollte verschleiert werden.

Dealer klaubten die Scheine in den Hinterstuben dreckiger Billardsalons, auf Schulhöfen und in den düsteren Ruinen der Ghettos zusammen. Die Dollar der Junkies wurden in neun unauffälligen Läden Saccoccias gestapelt und mit gepanzerten Geldtransportern nach Cranston im östlichen US-Bundesstaat Rhode Island zu den Wäschern geschafft.

Deren Aufgabe war es, die Drogengelder mit raffinierten Transaktionen so lange hin- und herzuschieben, bis sie als scheinbar saubere Investition ins Vermögen der Kartelle fließen konnten. Für die Fahnder war dann nicht mehr nachvollziehbar, aus welchen trüben Quellen der Reichtum kam.

Hinter der Fassade eines Münzladens hatte der oberste Geldwäscher seine Zentrale eingerichtet und verschob die Millionen rund um den Globus. Saccoccia machte dabei einen guten Schnitt: Zehn Prozent Provision blieben hängen. Der tüchtige Geschäftsmann soll für die von den Städten Cali und MedellIn aus gelenkten kolumbianischen Kartelle insgesamt 750 Millionen Dollar an Drogengeldern gesäubert haben.

Doch die Tarnung mit unauffälligen Shops und Decknamen war schließlich nicht gut genug. Am 25. November 1991 schlugen die Fahnder in Miami, Los Angeles, New York und Atlanta zu, fast 50 der verdächtigen Geldwäscher wurden verhaftet. Saccoccia und seine Frau Donna nahm die Polizei in Genf fest. In den Taschen des Großwäschers wurden 500 000 Dollar gefunden.

Viele seiner Geschäfte hatte Saccoccia in Los Angeles gemacht. Allein dort werden nach Schätzungen des FBI-Agenten Thomas R. Parker jährlich rund eine Milliarde Dollar gewaschen. »In ein paar Wochen oder schon Tagen«, meinte er leicht resigniert, sei nach einem Schlag der Fahnder »ein neues Netzwerk« installiert.

Allein im Kokain-Geschäft werden Jahr für Jahr rund 30 Milliarden Dollar gewaschen. 110 Milliarden Dollar setzten nach Schätzungen der Justizbehörden Dealer in den USA jährlich um, Geld, das in den legalen Kreislauf gebracht wird - durch frisierte Rechnungen, Umwege über Banckonten oder Anlage in Sachwerten.

Mindestens 13 Millionen Amerikaner sind Drogenkonsumenten, 700 000 US-Bürger sitzen wegen Drogenverbrechen ein, jedes Jahr kommen 100 000 crackgeschädigte Babys auf die Welt. Und die Flut schmutzigen Geldes schwillt unkontrollierbar an.

Seit US-Präsident Richard Nixon 1969 seine Nation zum »Krieg gegen die Drogen« aufrief, sind mehr Amerikaner an Rauschgift und den Folgen gestorben als US-Soldaten in irgendeinem Krieg seit 1945. Der Kampf gegen die Dealer und Wäscher, meint der Kongreßabgeordnete Toby Roth, lasse den Vietnamkrieg, der sich über 14 Jahre hinzog, »wie einen Blitzkrieg erscheinen«.

Die Zerstörungskraft von Crack, Heroin und Kokain verglich der New Yorker Kongreßabgeordnete Stephen Solarz mit »Raketen, die auf Amerikas Städte gefeuert werden«. Der ehemalige Justizminister Dick Thornburgh ist überzeugt, die Nation sei »im Belagerungszustand«.

Die Amerikaner haben die Herausforderung durch die Verbrecherkartelle inzwischen angenommen. Nirgendwo sonst auf der Welt werden Geldwäscher so unnachsichtig verfolgt wie in den USA. Sie werden genauso hart bestraft wie Dealer. Tausende von Verfahren gegen Geldwäscher wurden in den letzten Jahren eröffnet. In schwerwiegenden Fällen drohen Zuchthausstrafen bis zu 25 Jahren.

Nie zuvor in der Geschichte Amerikas, resümierte die Washington Post in einem Leitartikel, haben »derart viele Leute aus der Finanzwelt gleichzeitig im Gefängnis gesessen«. Dazu gehören nicht nur kriminelle Spekulanten. Viele Mitarbeiter von Finanzinstituten, Bankdirektoren und Kassierer, die sich von Dealern zur Geldwäsche verleiten ließen, wurden verurteilt.

Mehrere hundert Beschäftigte von Finanzinstituten kamen als Komplizen von Geldwäschern auf die Anklagebank. Seit 1986 leitete die US-Steuerfahndung mehr als 4200 Geldwäsche-Untersuchungen ein. Auch Dutzende von Banken standen am Pranger.

In den letzten zehn Jahren wurden bereits 76 Geldinstitute wegen Verletzung des Bankengesetzes oder auch wegen Geldwäscherei zu hohen Geldstrafen verurteilt. Darunter auch die First Bank of Georgia, deren Präsident für 42 Monate ins Gefängnis mußte, die Bank of New England, die Ponce Federal Bank sowie die New Yorker Chemical Bank.

Der Präsident der Heritage Loan and Investment Company in Rhode Island ist auf der Flucht: Er gilt als Helfer von Saccoccia. Fünf Manager der Bank of Credit & Commerce International (BCCI) wurden in Florida zu Freiheitsstrafen zwischen 37 Monaten und 12 Jahren verurteilt. Die BCCI mußte 14 Millionen Dollar Strafe zahlen.

Die Bank des Verbrechens hatte nicht nur Rauschgifthändler, Waffenschieber und Terroristen wie den Palästinenser Abu Nidal finanziert. Die BCCI war auch eine Geldwaschfabrik für Mega-Dealer wie den Kolumbianer Gerardo Moncada. Er und sein Landsmann Rudolfo Armbrecht ließen sogar in Ostfriesland Geld waschen (SPIEGEL 9/1992). Armbrecht wurde inzwischen in den USA als Geldwäscher zu zwölf Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. _(* In Key West (Florida). )

Künftig droht US-Banken, deren Manager vorsätzlich Dealer-Dollar waschen, die Schließung. Dazu genügt dann nach einem neuen Gesetzentwurf ein richterlicher Beschluß. Bei mittelschweren Fällen soll immerhin noch der Vorstand komplett ausgetauscht werden.

Auch Geschäftsleuten, die sich fahrlässig oder vorsätzlich bei der Geldwäsche als Gehilfen betätigen, drohen harte Sanktionen. Wer in den USA Bargeldtransaktionen von über 10 000 Dollar nicht meldet, setzt viel aufs Spiel.

So fiel der New Yorker Mercedes-Verkäufer Lawrence Nash böse herein. In der Mercedes-Filiale in Manhattan waren eines Tages Interessenten erschienen, die sechs Wagen der Typen 190 E bis 300 SEL kaufen wollten. Gesamtwert: 233 655,52 Dollar.

»Hat jemals zuvor ein Drogendealer so viele auf einmal erworben?« wollte einer der Käufer scheinheilig von Nash wissen. Der Mercedes-Mann: »Nein, noch nie.«

Die Antwort kam Nash teuer zu stehen - er wurde im vergangenen Juli zu fünf Monaten Gefängnis und fünf Monaten Hausarrest verurteilt. Die Wagen wurden beschlagnahmt. Die vermeintlichen Käufer waren Fahnder der Steuerbehörde, des Internal Revenue Service, sowie der Anti-Rauschgifttruppe, der Drug Enforcement Administration (DEA).

Auch in den Filialen von Nissan und Mazda hatten sich Fahnder als Drogendealer ausgegeben, die Autos in bar kaufen wollten. Die Verkäufer bekannten sich schließlich schuldig, zahlten mehrere hunderttausend Dollar Strafe und überließen dem Staat zwölf beschlagnahmte Limousinen.

Die Botschaft für Amerikas Geschäftswelt, verkündete der US-Justizminister, sei »klar und deutlich": Helfer von Drogendealern müßten »ernste Konsequenzen einkalkulieren«.

Der Drogenhandel sei zu einem multinationalen Warenmarkt geworden, meint Ingo Walter in seinem Buch »The Secret Money Market«. Ein »sehr bewegliches Topmanagement« verfüge über »ein weitverzweigtes Vertriebsnetz« und bediene »relativ preisunempfindliche Kunden«.

Die großen Dealer sind kaum zu bezwingen, ihr Profit ist gewaltig, ihr Risiko klein. Da bleibe, meinen Amerikas Parlamentarier, nur der Zugriff auf das Geld, das die Gangster am Leben hält.

Ob der Kampf gegen die Drogenmafia und ihre Geldwäscher überhaupt noch zu gewinnen ist, scheint vielen inzwischen zweifelhaft. Die wirtschaftliche Depression in den USA macht die Bekämpfung der Geldwäsche nicht einfacher. Geschäftsleute, die am Rande des Ruins stehen, haben wenig Hemmungen, ein gutes Geschäft mit Bargeld mitzunehmen.

Nachdem US-Fahnder vor einem Kongreßausschuß über ihre Erfahrungen mit Geschäftsleuten berichtet hatten, erregte sich der Abgeordnete Beryl Anthony: »Nie in meinen zwölf Jahren im Kongreß habe ich schockierendere Aussagen gehört.« Für einen texanischen Kollegen waren die Enthüllungen schlicht »eine nationale Schande«.

Bei 79 Händlern von Luxusgütern wie Uhren, Schmuck, Teppichen, Autos, Gemälden waren Fahnder vorstellig geworden. Nebenbei sprachen sie auch von Drogengeld und fragten die Kaufleute, ob sie heimlich Bargeld in größeren Mengen annehmen würden. Lediglich drei lehnten das Angebot ab.

Ein Juwelier in Atlanta im US-Staat Georgia akzeptierte 17 400 Dollar in bar, obwohl zur selben Zeit in seinem Hinterzimmer Steuerfahnder seine Bücher prüften. Der Verkäufer eines Sportwagens vom Typ »Corvette«, Preis 23 000 Dollar, erklärte den als Kunden auftretenden Fahndern, er müsse zwar Formulare für die Behörden ausstellen. Aber sie könnten sich »irgendeinen Namen ausdenken, von mir aus Mickey Mouse«.

Der zu lebenslanger Haft verurteilte Washingtoner Drogenzar Rayful Edmond besaß bei seiner Festnahme fünf Häuser, drei Porsche, sechs Mercedes, zwei BMW, drei Range Rover, einen Jaguar sowie einen Audi 90. Keine der Anschaffungen war den Behörden von den Händlern als Bargeldgeschäft gemeldet worden.

Die »ungezügelte Gier« nach dem Dollar, glaubt Raymond McGrath, Abgeordneter aus New York, hat das »Verantwortungsbewußtsein der Bürger gelähmt«.

Die großen Kartelle und die kleinen Schieberbanden beschäftigen inzwischen mehr Leute als Konzerne wie Ford oder General Motors. Wie Goldgräber einer anderen Epoche, gleichermaßen getrieben von der Gier nach Geld, raffen Hilfstruppen der Mega-Dealer die Scheine zusammen: Die Geldwaschmafia hat den Beruf des »smurfers« geschaffen. Smurfer sind Boten, die bei Banken und Postämtern fortlaufend für einige tausend Drogendollar Barschecks ("money orders") erwerben, um die 10 000-Dollar-Meldepflicht zu umgehen.

Der Strom der durch Geldwäschereien fließenden Dollar ist inzwischen so breit geworden, daß die Beute von den Großwäschern per Hand nicht mehr zu zählen ist. Blitzblanke Geldzählmaschinen, wie Banken sie benutzen, wurden installiert. Manchmal schaffen es nicht einmal die Maschinen, die automatischen Zählgeräte laufen heiß. Häufig werden deshalb die Dollareinnahmen der Kartelle nur noch gewogen, ein Dollarschein wiegt ein Gramm.

Die Syndikatshelfer, die zählen und bündeln, müssen die Arbeit mit den speckigen Dollarnoten häufig _(* Polizeirevier in Bohemia, Bundesstaat ) _(New York. ) unterbrechen, weil ihnen übel wird - Geld stinkt eben doch. Ist das Zeug verpackt, muß es rasch weggeschafft werden; die Autos werden oft überladen, deshalb sind verstärkte Stoßdämpfer eingebaut.

Mit welchen Tricks die Syndikate aus schmutzigem Geld sauberes machen, hat die Gangster-Organisation »La Mina« vorgeführt.

Die Geldwäscher importierten vergoldete Bleibarren aus Südamerika, deklarierten sie als Goldbarren, zahlten auf die entsprechend hohen Rechnungen die Importsteuer und überwiesen dann - legal - die Drogendollar auf die Konten der Händler in Panama oder Luxemburg. Das bei Dealern eingesammelte Geld wurde von Komplizen, Juwelieren, in Metallkisten verpackt, als Goldstaub oder Juwelen deklariert und von ahnungslosen Geldtransporteuren von New York nach Los Angeles und Florida geschafft, im Auftrag des MedellIn-Kartells.

Überschüssige Dollarbeträge deponierten die Großwäscher bei mehreren Banken. Darunter war auch eine Bank in Los Angeles, deren Manager die Wäscher ermunterte: »Bringt mir, so viel ihr wollt.« Allerdings verlangte er wegen der hohen Einzahlung eine Sondergebühr für das Zählen.

Mehr als eine Milliarde Dollar hatte »La Mina« bereits gewaschen, als der Wells Fargo Bank ungewöhnliche Bareinzahlungen bei einer Filiale auffielen - 25 Millionen Dollar, kleingestückelt in wenigen Wochen. Die Bank informierte die Steuerfahndung.

Die Fahnder setzten die Operation »Polar Cap« in Gang, 127 Personen wurden verhaftet. Die USA klagen nun unter dem Aktenzeichen »United States of America vs. 433 461 255,64 Dollar« gegen neun Großbanken auf die Erstattung der rund 700 Millionen Mark, die auf Dealer-Konten in Kolumbien, Paraguay und Uruguay überwiesen worden waren. Der Phantasie der Kriminellen, sagt der ehemalige Staatsanwalt Charles Intriago, Herausgeber eines in Miami verlegten Fachblattes über Geldwäsche (Money Laundering Alert), ist »absolut grenzenlos«.

Auf dem Flughafen John F. Kennedy in New York fanden Zöllner im September 1990 in 26 Kühlcontainern 6,4 Millionen Dollar. Die Fracht für Kolumbien war als Bullensamen deklariert worden. Versteckt in der Mauer eines Dealer-Hauses auf Puerto Rico entdeckten Fahnder 13,9 Millionen Dollar. Die New Yorker Kollegen spürten 19 Millionen Dollar auf einem Sattelschlepper auf. In Crawford, US-Staat Nebraska, gruben Agenten eine wertvolle Münzensammlung aus, die ein Dealer in Plastikbehältern versteckt hatte.

Ein Senator im US-Staat New York wollte für ein Honorar von 25 Prozent Drogendollar bei der Afro-American Development-Bank in Zaire deponieren. Er flog auf, der vermeintliche Dealer war ein FBI-Agent.

Doch das sind Einzelfunde. »Etwa acht Millionen Container«, sagt einer der Chefs des Drogendepartments des FBI, »verlassen die USA im Jahresschnitt. Wir können sie unmöglich alle untersuchen.«

Verschärfte Grenzkontrollen, argumentierten US-Experten in einer Studie, haben tatsächlich wenig Wirkung auf den Import von Rauschgift und den Export von Dollar. Sie dienten primär dazu, die Aktionsbereitschaft des Staates zu zeigen und den Unrechtscharakter des Geschäftes zu dokumentieren. Die Fahnder können nur einen Bruchteil der Straftaten aufdecken, und darauf setzen Dealer und Geldwäscher. Luftfrachtunternehmen wie »Federal Express« warnen vor dem Transport von Bargeld in den Sendungen, Wechselstuben an den Flughäfen sowie Banken verlangen Namen und Adressen beim Ankauf von Reiseschecks in Höhe von mehr als 3000 Dollar.

Doch wer soll all die Angaben in einem Land ohne Meldepflicht prüfen? Wer kann die Millionen Pakete kontrollieren oder auch nur die Koffer, die von der Lufthansa nach Frankfurt geflogen werden?

Die New Yorker Zentrale des »Clearing House Interbank Payments System« verbuchte 1990 mehr als 37 Millionen Transaktionen zwischen amerikanischen und internationalen Finanzinstitutionen, insgesamt 222 Billionen Dollar. Der Versuch der Fahnder, Geldwäscher-Gelder zu enttarnen, erscheint dem kanadischen Wirtschaftsexperten Thomas Naylor, Autor des Buches »Hot Money«, bei diesen Volumen, »als wollte man mit einem Pappkarton einen Laserstrahl einfangen«.

Investiert wird mit der gleichen Sorgfalt im Rauschgifthandel wie im Hotelgewerbe, im Importgeschäft wie in der Textilindustrie. Die Terrorisierung der Gesellschaft betreiben die Gangster ebenso sachlich wie ihre Maklerbüros.

Ein Netzwerk mit modernster Technik und cleveren Managern, Investment-Brokern, Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern und manchmal sogar Drogenfahndern steuert die weltweiten Geschäftsoperationen.

Die Welt der Haussiers, Spekulanten und Gentlemen-Killer hat längst auch Hollywood erreicht. Nach den Recherchen von Eduardo Vetere, dem Chef der Kriminalitätsabteilung der Uno in Wien, werden mit Drogengeldern wahrscheinlich Filmproduktionen in Los Angeles finanziert. Amerikas Produzenten, meint Vetere, forschten »nicht gerade intensiv nach der Herkunft des Geldes«.

Den Drogenbaronen gehören mittlerweile, wie das Nachrichtenmagazin Time vermutet, »viele der neuesten Wolkenkratzer im Stadtzentrum von Los Angeles«. Über dubiose Holdings und Scheinfirmen hätten sie »wertvolle Brocken der amerikanischen Wirtschaft erworben«.

Drogengelder bescherten Städten wie Miami einen regelrechten Boom. In der Florida-Metropole wurde mit gewaschenem Geld eine neue Skyline hochgezogen. Gangster-Millionen stecken schon in Zeitungsverlagen und Fernsehanstalten.

Seit einigen Monaten, beobachteten die DEA-Experten, steigen Geldwäscher in die Fischereiindustrie ein, die viel mit Bargeld arbeitet: Der Dealer kooperiert mit dem Fischgroßhändler, der dem Fischer die in Drogendeals erarbeiteten Dollar bezahlt. Der Händler verkauft die Ware an die Fischgeschäfte weiter, die - legal - mit Schecks bezahlen. Diese Schecks werden auf Konten von Geschäftsleuten eingezahlt, die mit dem Dealer kungeln und das Geld auf Konten in Lateinamerika oder Europa überweisen.

»Eine gewisse Anzahl« von Hotels und Restaurants, die an Spaniens Costa del Sol errichtet wurden und werden, seien offenbar aus Drogenprofiten finanziert worden, untertreibt Experte Vetere. »Ähnliches« könne »man wohl auch über Investitionen im Immobiliengeschäft in der Karibik« behaupten.

Wenn die Oberwelt von der Unterwelt beherrscht wird, haben nicht nur Luxusdealer Konjunktur. Die kleinen Händler, die im Schatten der Freiheitsstatue ums Überleben kämpfen, wollen ein Stück vom großen Kuchen.

Die Geldwäsche hat längst die Slums erfaßt. Die Ärmsten der Armen lassen sich oft von Dealern ihre staatlichen Lebensmittelgutscheine mit einem Abschlag abkaufen. In rund 200 000 Krämerläden, Supermärkten und Shopping-Centern werden die »food stamps« dann gegen Bargeld eingelöst.

Statt für 100 Dollar in staatlichen Bons Lebensmittel zu kaufen, tauschen viele Arme die Marken bei einem Dealer gegen Drogen um - zum Gegenwert von 50 Dollar. Der Dealer verkauft den Bon für 75 Dollar an einen Händler, der ihn für 100 bei den Behörden einlöst.

Über die Lebensmittelkarten im Gesamtwert von rund zwei Milliarden Dollar werden nach Schätzung von Experten Drogengelder gewaschen. Wer mit »food stamps« im Wert von insgesamt 5000 Dollar oder mehr handelt, soll fortan mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden.

Unweit der mexikanisch-amerikanischen Grenze, aber auch in den Wohnvierteln der Hispanics, Lateinamerikaner, in New York, Houston oder Miami sind Wechselstuben zu Waschanstalten verkommen. In den rund 1000 grenznahen »casas de cambio« werden oft Dealer-Dollar ohne viel Umstände angenommen und über telegrafische Geldanweisungen ins Ausland transferiert.

Allein in Houston wurden 20 Wechselbüros im März vergangenen Jahres aufgefordert, Überweisungen von mehr als 100 Dollar umgehend den Steuer- oder Zollbehörden zu melden. Bei Nichtbeachtung sind bis zu zehn Jahren Haft und bis zu 500 000 Dollar Geldstrafe drin. Manchmal wird eine Wechselstube auch geschlossen. Doch kurz darauf macht gleich um die Ecke vielleicht die nächste auf.

Fremdarbeiter ohne Bankkonto können Lohnschecks nicht bei Banken einlösen, sondern gehen zu sogenannten »cash checking«-Instituten. Rund 5000 soll es davon geben, und auch sie sind ein beliebtes Ziel von Drogendealern. Die ausgezahlten Dollar stammen häufig aus Rauschgiftgeschäften.

Manches Geständnis der Geldwäscher überrascht sogar die Fahnder. Der Kuba-Amerikaner Ramon Milan RodrIguez, wohnhaft in Miami, gab bei seiner Vernehmung an, er habe monatlich mindestens 17 Millionen Dollar gewaschen - insgesamt sei es eine Milliarde gewesen.

Das Geld, in Kisten verpackt, flog er zumeist mit Lear-Jets ins Ausland. Für seine Schmutzarbeit kassierte er rund eine Million Dollar jährlich. Das Gericht verurteilte RodrIguez zu einer Freiheitsstrafe von 35 Jahren und einer Geldstrafe von 6,49 Millionen Dollar.

Der frühere Buchhalter RodrIguez gab an, daß er bei jeder Geldwäsche zwischen ein und zehn Prozent an Manuel Antonio Noriega abliefern mußte. Der Diktator von Panama habe ihm dafür Schutz vor jeder Verfolgung und den Service panamaischer Banken garantiert. Noriega soll von RodrIguez einen »ungefähren Betrag« von 320 bis 350 Millionen Dollar kassiert haben. Doch der General zeigte sich wenig dankbar. Er verpfiff den Geldwäscher an die Amerikaner.

»Das zahle ich ihm jetzt heim«, konterte RodrIguez. »Sie können es ruhig eine persönliche Vendetta nennen«, sagte er dem Untersuchungsbeamten.

Noriega, der in Miami wegen angeblicher Drogen- sowie Geldwäschergeschäfte vor Gericht steht, wird auch von anderen Dealern und Wäschern belastet. Der Vier-Sterne-General verkörpert die Doppelbödigkeit amerikanischer Drogenpolitik. Jahrzehntelang stand Noriega auf den Lohnlisten der CIA. Er schnüffelte auch für die DIA, den Geheimdienst des Verteidigungsministeriums.

Seit 1977 war nicht nur den Diensten in Washington bekannt, daß der Diktator in Drogengeschäfte großen Ausmaßes verwickelt war. Er soll schon damals bei seinen Treffen mit den Bossen der kolumbianischen Drogenzunft in MedellIn beobachtet worden sein.

Einer von ihnen, Carlos Lehder Rivas, sagte vor dem Gericht aus, Noriega habe für jedes durch Panama geschleuste Kilo Kokain 1000 Dollar kassiert. Außerdem habe er von den bei Banken in seinem Lande deponierten Drogengeldern fünf Prozent Provision verlangt. Lehder & Co. exportierten in jener Phase monatlich rund eine Tonne Kokain und deponierten bei panamaischen Banken pro Woche 60 Millionen Dollar.

Dennoch schätzten die Amerikaner über Jahre den starken Mann in Panama, auch weil das Land einer ihrer wichtigsten Militärstützpunkte war. Noriega war für die DEA-Fahnder gleichzeitig ein wichtiger Helfer: Er ließ über 100 Dealer an die USA ausliefern.

Jetzt hängen Noriegas Handschellen mit der Nummer 628 086 in der zwölften Etage des Washingtoner Hauptquartiers des »U. S. Marshals Service«, einer Bundespolizeitruppe, die auf die Verfolgung flüchtiger Krimineller sowie Gefangenentransport spezialisiert ist. Mit diesen Handschellen war der Diktator am 3. Januar 1990 während seines Fluges von Panama-Stadt nach Miami an den Spezialagenten Timothy Goode gefesselt. Rund 25 000 US-Soldaten hatten Noriega in Panama gejagt, der Diktator stellte sich schließlich.

Mit Entsetzen registrierten Kongreßabgeordnete im Juli vergangenen Jahres, daß Panama immer noch ein Paradies für Geldwäscher ist. Welch Wunder: Die Anti-Rauschgifteinheiten verfügen weder über ein Flugzeug noch über Küstenwachschiffe - einige gecharterte Krabbenfischerkähne sollen in den Karibik- und Pazifikgewässern die Dealer-Flotte aufbringen, die mit Rennbooten und Wasserflugzeugen operiert. Das Benzin für die panamaischen Anti-Rauschgiftagenten ist rationiert, häufig fehlt es ihnen an Geld für das Hundefutter der fünf Spürhunde.

Nach Noriegas Abgang hat sich für die amerikanischen Fahnder kaum etwas gebessert. Nachfolger Guillermo Endara, ein Wunschkandidat der Amerikaner, war Aktionär der Bank Interoceanico S.A. Interbanco. Bei ihr sollen mindestens zwölf Millionen Dollar gewaschen worden sein, darunter auch Gelder des Drogenkartells in MedellIn.

Wegen ihrer anrüchigen Geschäfte wurde die Bank geschlossen. Endara bestreitet zwar, persönlich an den Geldwäsche-Aktionen beteiligt gewesen zu sein. Als gesichert aber gilt, daß der frühere Anwalt bei der Gründung von rund 20 Unternehmen mitgewirkt hat, gegen die wegen ihrer Beteiligung am Rauschgifthandel ermittelt wird.

Die Inkonsequenz der Amerikaner ist manchmal geradezu grotesk. So wußte Washington genau, daß sich die Mudschahidin in Afghanistan und die Contras in Nicaragua ihre Kriegs- und Privatkassen mit Rauschgiftdollar füllten. Doch das geschah im Dienste der Freiheit. Amerikanische Transportmaschinen, die Nachschub zu den Stützpunkten der Contras brachten, hatten beim Rückflug oft Kokain-Ladungen an Bord. Mit der illegalen Fracht landeten die Flugzeuge auch auf amerikanischen Militärflugplätzen. Ins Kampfgebiet kehrten sie mit Munitionskisten und Rauschgiftdollar zurück.

Als vor acht Jahren amerikanische Elitetruppen die Karibik-Insel Grenada vor einem angeblichen kommunistischen Putsch bewahrten, existierten dort nicht einmal ein halbes Dutzend Bankfilialen. Heute sind es 118, Tendenz steigend. Die Hauptstadt St. George''s habe sich, urteilte jetzt das Wall Street Journal, zum »Casablanca der Karibik« entwickelt. Sie sei ein Paradies für Steuerflüchtlinge, vor allem aber »ein schnell wachsender Hafen für Geldwäsche« geworden.

Über Jahrzehnte haben die Amerikaner weggesehen, wenn in Miami oder Fort Lauderdale Dealer ihre mit Dollar gefüllten Koffer über die Bankschalter wuchteten - no questions asked, Fragen wurden nicht gestellt. Nun gehen die Amerikaner um so rabiater gegen Geldwäscher vor.

Die CIA, die so manches Mal den Einsatz von DEA-Agenten blockierte, um ihre lateinamerikanischen Alliierten nicht zu vergrätzen, hat ebenfalls umgerüstet: Eine Abteilung der CIA, das »Counter Narcotic Center«, ist jetzt auf den Kampf gegen Drogenhändler spezialisiert, auf die Destabilisierung der kolumbianischen Kartelle.

Der US-Kongreß, analysierte der deutsche Politologe Ralf Beke-Bramkamp, der in Kürze ein Buch über die Geldwäsche-Problematik veröffentlichen wird, verabschiede »immer härtere, auch verfassungsrechtlich bedenkliche Gesetze, die andere Grundrechte und Freiheiten immer mehr einschränken«.

Sozialwohnungen werden meist sofort gekündigt, wenn dort Drogendeals oder Geldwäsche ausgehandelt wurden. Auch der Zugang zu staatlichen Unterstützungen, etwa Stipendien, kann gestrichen werden. Sogar Anwälte, die häufig von ihren Mandanten mit Cash entlohnt werden, müssen nun die Bargeldbegleichung melden. Vergebens hatten sie sich gegen den Erlaß mit dem Argument gewehrt, das ihnen auferlegte Gesetz werde das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant zerstören.

Eine gigantische Maschinerie ist in den USA angelaufen. Mit Gesetzen, Formularen, Meldepflicht, Polizeikontrollen wird ein Überwachungsnetz gesponnen, das in manchem an George Orwells Visionen ("1984") erinnert - Big Brother is watching you.

Mehrheitlich aber tolerieren inzwischen die US-Bürger scharfe Sanktionen gegen Dealer und Geldwäscher. »Keines der Gesetze«, sagt Richard Maurano, einer der Experten im Banken- und Finanzausschuß der Abgeordnetenkammer, sei »als übertrieben oder im Widerspruch zur Freiheit angesehen« worden.

Die Gesellschaft, meint Kenneth Swab vom Untersuchungsausschuß für Finanzinstitutionen, habe »offenbar entschieden, daß der Verlust von Diskretion durch den sich daraus ergebenden Vorteil für den Kampf gegen die Kriminellen wettgemacht wird«.

Das Bankgeheimnis ist in den USA löcherig geworden. Zunächst hatten die Geldmanager sich eingeredet, ihre Institute seien gegen Geldwäscherei immun. Sie kümmerten sich - wie viele ihrer Kollegen in Deutschland heute noch - weder um die Identität noch um die Herkunft ihrer Kunden. »Wir haben ihre Meinung verändert«, erkannte William von Raab, ehemals Chef der Zollbehörde.

Die US-Notenbank beschäftigt nun Experten für Geldwäsche, die eng mit rund zwei Dutzend Staatsanwälten im »money laundering office« des Justizministeriums zusammenarbeiten. Die Bankiers lassen auch Fahnder, getarnt als Kassierer oder Investment-Berater, hinter ihren Schaltern arbeiten.

Viele Banken wollen sogar, daß ihre Zusammenarbeit mit den Behörden veröffentlicht wird. Lokalzeitungen bringen Fotos von Mitarbeitern, die durch Informationen Geldwäscher oder Dealer auffliegen ließen. Falls sich ein Informant irrt und einen Kunden fälschlicherweise meldet, muß er keine Schadensersatz-Prozesse befürchten - er ist durch ein Gesetz geschützt.

Abgeordnete des Repräsentantenhauses wollen über ein Gesetz für Hinweise künftig Belohnungen garantieren. Der Abgeordnete Toby Roth forderte, 50 Prozent des beschlagnahmten Geldes als Prämie auszusetzen.

Schon 1990 meldeten die Geldinstitute den Behörden mehr als 6000 Transaktionen, die ihnen als besonders verdächtig erschienen waren. Insgesamt wurden rund acht Millionen Buchungen und Einzahlungen über 10 000 Dollar registriert. Sie sind alle in einem Zentralcomputer in Detroit erfaßt und werden mit den Computer-Daten der Steuer- und der Zollbehörden verglichen.

Computer-Spezialisten in einem Forschungszentrum der US-Atombehörde, dem Los Alamos National Laboratory, tüfteln derzeit an einem System, das alle relevanten Daten über Finanztransaktionen vernetzt. Computer-Ermittler des in Arlington, nahe Washington, etablierten Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) sollen Zugriff bekommen auf alle Daten, die über Finanzbewegungen oder auch Vergehen bei der Drogenbehörde DEA, beim FBI und bei der Steuerfahndung gespeichert sind.

Fincen-Analytiker werden auch mit den Rauschgiftbekämpfern der CIA, der britischen National Drugs Intelligence Unit sowie den Geldwäsche-Spezialisten der Franzosen kooperieren. Bei den deutschen Kollegen stieß Fincen-Chef Brian Bruh allerdings auf Widerstand.

»Unsere Geschichte«, argumentierte ein deutscher Teilnehmer auf einer Interpol-Tagung in Lyon, »läßt das nicht zu.« Bruh, der jüdischen Glaubens ist, hat zwar Verständnis für das »historische Trauma« der Deutschen. Dennoch dürfe sich kein Staat der Verantwortung und den Konsequenzen dieses globalen Rauschgiftdramas entziehen.

Der Kampf ist so unerbittlich wie zu Amerikas Gründerzeiten. Damals konnten Schiffe beschlagnahmt werden, die Sklaven transportierten, heute alles, vom Auto bis zum Rennpferd - das »asset forfeiture program«.

Wenn eine Motorjacht von einem Geldwäscher gechartert wurde, muß der Eigentümer nachweisen, daß er in die krummen Touren nicht eingeweiht war. Sonst ist er das Boot los. Verdächtige müssen belegen, daß ihre Immobilien oder sonstigen Besitztümer nicht mit Drogengeldern finanziert wurden. Ihr Gut können sie nur behalten, wenn sie lückenlos nachweisen, daß ihre Einnahmen aus sauberen Geschäften stammen.

Der dem Justizministerium unterstehende U. S. Marshals Service hat gewaltige Lager mit Gütern eingerichtet, die wegen unsauberer Geschäfte beschlagnahmt wurden. Im Juni 1991 gehörten rund 14 000 Autos dazu und fast 100 Flugzeuge. Der Marshals Service hatte auch 4525 Immobilien und 81 Unternehmen in seinen Besitz gebracht. Gesamtwert der beschlagnahmten Güter: rund 1,4 Milliarden Dollar.

Dem Marshals Service gehören beispielsweise Anteile am Kartenspiel-Kasino »Bell Garden Bicycle Club« und der »Greyhound«-Busstation von Los Angeles. Auch zwei Restaurants in Atlanta - Unternehmen von Rauschgifthändlern oder Geldwäschern - werden von der Polizei weitergeführt.

Als der Züricher Bezirksanwalt Peter Gasser, Spezialist für internationale Rechtshilfe, in New York von einem Beamten der Drogenpolizei abgeholt wurde, staunte er nicht wenig. Der Agent sei, so Gasser, »in einem nagelneuen Mercedes 300 mit ABS, Lederpolstern, Klimaanlage und Edelhölzern« vorgefahren. Der Wagen war bei einem Geldwäscher konfisziert worden.

Einmal im Monat bietet der Marshals Service die beschlagnahmten Güter zum Verkauf an. Manchmal ist eine Rarität darunter wie ein Ferrari, Baujahr 1963. Der Staat kassierte dafür 1,6 Millionen Dollar. Im August vergangenen Jahres offerierten die Polizisten den Sammlern einen Chevrolet Corvette Z L-1, Baujahr 1969, Special Turbo Jet 427 V-8 Motor. Preis: 300 000 Dollar.

»Das tut den Drogenjungs weh, denen tränen die Augen«, sagt Carroll Spiller, Spezialagent beim Marshals Service, zuständig für die Warenlager. Das täte den Jungs noch mehr weh, wenn sie wüßten, was der Staat letztlich mit dem Erlös finanziert - den Bau von Zuchthauszellen. *HINWEIS: Im nächsten Heft Die Drogenmafia hat sich in ganz Europa ausgebreitet - Die Geldwäscher entdecken den Osten - Strenge Gesetze im Ausland - Lascher Gesetzentwurf in Deutschland
Armbrecht und Moncada sind schon lange wieder auf freien Fuss und leben heute in Medellín.
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